Estos días ha sido noticia que el FMI primero, el comisario Oli Rehn después, y por último la Comisión Europea conjunto han defendido la propuesta de que en España se deberían bajar todos los sueldos un 10%.

En su estudio, el FMI propone bajar los sueldos «por ejemplo» un 10% en un plazo de dos años (supongo que en dos bajadas de un 5% aprox.), a la vez que compensa el hundimiento de la recaudación del IVA (por el inevitable hundimiento del consumo) pasando muchos productos y servicios básicos que tienen actualmente tipos reducidos al tipo general.

Es obvio que una bajada generalizada de los sueldos mejorará rápidamente nuestra competitividad, al menos en lo referente a los costes salariales. Pero otros factores claves en la competitividad como son la calidad de los productos, los costes de la energía y los costes de financiación de las empresas permanecerán invariables.

Esto hace que la propuesta del FMI/UE tenga un gran coste social para obtener una ganancia mucho menor de competitividad. En cambio, el retorno a la soberanía monetaria y una devaluación de la nueva peseta conseguirían una mejora radical de la competitividad con un coste social despreciable.

De hecho, esto no sería nuevo para España, ya que en los años noventa se devaluó en cuatro ocaciones la peseta, totalizando una devaluación del 25% en menos de tres años, con el objeto de recuperar la competitividad y reducir el paro.

5% de devaluación el 17/09/1992
6% de devaluación el 19/11/1992
8% de devaluación el 13/05/1993
7% de devaluación el 07/03/1995

Vivimos por aquel entonces un buen ajuste de competitividad, pero los ciudadanos que no seguían de cerca la economía casi ni se enteraron.

¿Qué habría sido de la industria y del paro si no hubiéramos devaluado? Habríamos entrado en una espiral de destrucción de empleo y de empresas, y se habría tenido que operar una bajada de salarios mediante pérdidas de derechos laborales fundamentales. Mientras tanto, los millones de parados habrían dejado de producir riqueza, con lo que la recesión habría estado asegurada.

Otra de las ventajas de las devaluaciones monetarias que realizó España es que la relación entre las deudas de las familias y sus sueldos permaneció invariada. En cambio, los tenedores extranjeros de deuda pública española no debieron estar tan contentos, ya que tuvieron que asumir ese 25% de pérdida de valor real de sus títulos (el nominal en pesetas no se alteró).

Volvamos entonces al presente. Tenemos un paro desbocado por culpa de una competitividad ruinosa, a la que hemos llegado por culpa de la financiación gratuita (y a la postre tóxica) que nos ha facilitado estar dentro de la zona euro. Durante la pasada década, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el tipo de interés siguiendo los intereses de Alemania, lo cual ha hecho que nuestra banca viera un negocio fácil en conceder a lo loco créditos a promotores y particulares para hinchar una colosal burbuja inmobiliaria.

Pero para que se forme una burbuja inmobiliaria no es suficiente que haya gente dispuesta a pagar fortunas por los pisos -ya que siempre los hay buscando hacer una plusvalía en un contexto alcista- sino que hace falta un sistema bancario desregulado y con incentivos perversos. El interés cortoplacista de los accionistas (el dividendo) y las juntas directivas (los bonus y jubilaciones doradas), cuando no hablamos directamente de corrupción en el caso de las cajas de ahorro, resultan un cóctel letal cuando se riegan con tipos de interés ridículamente bajos fijados desde Alemania.

Lecturas de fondo

Si se sabe que esta medida de bajada general de sueldos a la ciudadanía tendría una oposición general en la población, un coste político inmenso para el gobierno, y probablemente varias huelgas generales en respuesta, ¿por qué tanto el FMI como la Comisión Europea se atreven a recomendar algo tan impopular?

La respuesta más evidente es el miedo. Las élites políticas internacionales temen mucho más las consecuencias de una quiebra del estado español que arrastraría al euro consigo, que a una airada respuesta del conjunto de la población española que pudiera desestabilizar el gobierno de Rajoy, firmemente asentado en una mayoría absoluta parlamentaria.

Esta propuesta de recorte generalizado de salarios demuestra que la economía española y el futuro del euro están en serio peligro, ya que no veo otra explicación razonable para que la Comisión Europea se atreva a proponer políticas profundamente impopulares que vayan socavando el europeísmo de la población.

Gabriel Asuar Coupé
8 de agosto de 2013
http://www.desgobierno.es