La globalización económica ha llegado hasta el punto de parecernos normal ver en cualquier escaparate de juguetería o bazar chino uno de esos minihelicópteros teledirigidos de tres o hasta cuatro canales, rotores contrarrotatorios y giróscopo electrónico que vuelan a la perfección, a un precio de venta inferior a veinticinco euros.

Pensamos que la mano de obra en China, Bangladesh o Vietnam es tan barata que eso justifica su precio, sin pensar en las consecuencias.

No nos paramos a pensar si es razonable que un trabajador chino en una planta de montaje de pequeños helicópteros cobre algo más de 1 euro a la hora, mientras que un operario en una fábrica de juguetes española cobre, según el convenio colectivo, un sueldo base de 8 euros a la hora por hacer un trabajo de similar capacitación.

El mismo helicóptero radiocontrol fabricado en España debería costar al menos 100 euros, si tenemos en cuenta que nuestra industria ya no fabrica la mayoría de los componentes del mismo, y que no podríamos beneficiarnos de la economía de escala de los fabricantes chinos con su mercado global. ¿Además, quién diablos querría comprar un microhelicóptero por 100 euros?

La actividad local que permanece es la que no se puede externalizar, como la construcción, la sanidad, la educación y buena parte del sector servicios. También siguen presentes los sectores del automóvil (cada vez menos) y parte del agroalimentario, en virtud de un proteccionismo europeo a los sectores estratégicos en previsión de un eventual conflicto bélico.

No obstante, cuando importamos en masa bienes y materias primas que antes producíamos (carbón, textiles, alimentos, electrodomésticos, muebles, por citar unos pocos), se genera una importante salida de capitales del país (para pagar esos bienes), que se conoce técnicamente como déficit por cuenta corriente.

Fuente: Banco de España

Durante la década 2002-2012, hemos promediado un déficit del 6% del PIB, lo que viene a suponer la salida de 60.000 millones de euros al año, o también 600.000 millones en la década del euro (36.000 euros por trabajador en activo).

Para hacernos una idea de lo que supone este déficit, viene a ser unas 6 veces todo el dinero en metálico (billetes y monedas) que circula en el país (agregado monetario M0). También lo podemos comparar con la suma del dinero en todas sus formas (metálico, depósitos a la vista, a plazo y otras variantes de capital monetario) de los ciudadanos y empresas españoles, que asciende a 1,1 billones de euros (agregado monetario M3).

Estando fuera del euro, este déficit exterior no habría podido generarse debido la debilidad de la peseta y a la incapacidad para financiar el déficit (riesgo país), pero gracias a los históricamente bajos tipos de interés del BCE, hemos repuesto el capital gastado con crédito para hinchar una burbuja inmobiliaria que ha enmascarado los problemas estructurales de la economía.

Volkswagen, por poner un ejemplo, vendía Golfs en España como si fueran caramelos. Su excedente de capital, que era depositado en Deutsche Bank, era prestado a Caja Madrid para financiar promociones de suelo y absorciones empresariales como la de Fadesa por parte de Martinsa. Así, Alemania ganaba vendiéndonos automóviles, y volvía a ganar cuando le seguíamos comprando coches gracias al dinero que nos estaban prestando (a lo que hay que añadir los intereses de esos préstamos). Alemania actuaba como un casino que presta a sus clientes para que estos sean desplumados.

Parte del beneficio de Martinsa-Fadesa debía dedicarse a retribuir a los acreedores sucesivos para compensarles por el riesgo asumido. Pero cuando Martinsa-Fadesa protagonizó la mayor quiebra del país, Caja Madrid cayó en la insolvencia, y nuestros políticos traspasaron -sin consultarnos- todas esas pérdidas a la hacienda pública, en lugar de dejar que los bancos francoalemanes asumieran los riesgos contraidos.

A las entidades financieras se les ha dado 56.000 millones en inyecciones directas de capital, 25.000 millones en esquemas de protección de activos (futuras pérdidas), 41.000 millones para la Sareb (que jamás podrá devolver), 68.000 millones de avales a la banca y 52.000 millones de avales a la Sareb (los avales son bombas de relojería). Entre capital directamente invertido y avales que inevitablemente se tendrán que ejecutar, ya van un mínimo de 242.000 millones de euros comprometidos en el sector financiero para que este no deje de pagar a sus acreedores internacionales.

Pero la factura es probablemente mucho mayor, ya que desde 2008 una ley permite que las inmobiliarias zombies no se declaren en quiebra al legalizarse el fraude contable en sus activos (no tienen que contabilizar sus activos inmobiliarios al precio de mercado). Es decir, que las inmobiliarias que quedan en pié a las que se está refinanciando los créditos, esconden cuantiosas pérdidas para la banca española.

Todos los recortes sociales que han aplicado los gobiernos de Zapatero y Rajoy no llegan, y por mucho, para compensar todo el dinero que se ha entregado al sistema financiero. En 2012, año de severos ajustes, tan solo se ha reducido el gasto en 27.000 millones de euros.

Solamente los intereses de la deuda para ese mismo 2012 han sido de 28.000 millones de euros. Es decir, que los intereses de la creciente deuda del estado contraída por culpa de la crisis financiera son equivalentes a los recortes que estamos padeciendo los ciudadanos.

Estos números evidencian la gran transferencia de riqueza desde los ciudadanos a los accionistas y acreedores de la banca, que por otra parte sí que tendrían capital suficiente para asumir pérdidas sin afectar a los depositantes. Lo explica a la perfección Francisco Viyuela en esta entrevista.

Estas inevitables consecuencias del «sistema» se retrasaron mientras la burbuja inmobiliaria absorbía los puestos industriales que eran amortizados. El sector inmobiliario crecía desde el 11,7% del PIB en 1996 hasta el 17,9% en 2007 según cifras oficiales del INE. Pero teniendo en cuenta el carácter tractor de la construcción sobre la industria y los servicios, se puede estimar que su peso en la economía era de al menos un 25%.

El resultado es que cuando ha pinchado la burbuja inmobiliaria que los políticos se negaron a reconocer, la destrucción de empleo ha sido sobrenatural, asombrando a toda Europa, por no decir al mundo entero. La devastación del tejido industrial se ha visto en toda su crudeza, propiciada por un euro tallado a la medida de Alemania y un libre comercio implacable.

Mientras que las estadísticas oficiales del estado nos hablan de pequeñas contracciones del PIB, otras comprobaciones más objetivas de la producción indican una depresión comparable a la griega.

El número de trabajadores en activo ha pasado de 20,5 millones en 2007 a 16,6 en 2013. Si diéramos por bueno el dato oficial de que somos un 11% más competitivos que entonces, nos saldría un descenso del producto interior bruto del 10%. Si no creyéramos ese dato (es decir que somos igual de poco competitivos), el descenso del PIB respecto de máximos debería ser de al menos un 20%. Y me temo que la productividad no puede haber subido cuando a las empresas les sobran puestos de trabajo.

Muchos trabajadores de pequeñas y medianas empresas, pese a tener menos trabajo que en años anteriores, no han sido todavía despedidos a la espera de que la crisis remonte más pronto que tarde. De los tres millones de funcionarios de las distintas administraciones, los de departamentos como urbanismo, infraestructuras, actividades económicas, medio ambiente o industria tienen mucha menos carga de trabajo, y los demás departamentos tienen básicamente la misma (salvo bienestar social). Tres millones de autónomos languidecen en su actividad o, incluso sin tener trabajo, siguen cotizando a la Seguridad Social a costa de su pareja, con tal de no ver minorada dramáticamente su futura pensión.

Es difícil sostener que la productividad de los trabajadores españoles ha crecido cuando la carga de trabajo no para de caer y siguen los ajustes de plantillas en todos los sectores, lo cual demuestra que siguen sobrando trabajadores.

El consumo de acero, básico para toda clase de industria, ha pasado de 23.400 toneladas en 2007 a solo 13.100 toneladas en 2011. El consumo energético nacional ha descendido un 15% entre 2007 y 2012, pero dado que parte de la demanda es muy inelástica (los hogares y el transporte han reducido en una proporción mucho menor), se concluye fácilmente que es la industria quien ha reducido drásticamente el consumo de energía.

Todo esto ratifica la sensación que los ciudadanos percibimos, y es que estamos viviendo una depresión mucho más profunda de lo que el gobierno y las instituciones supranacionales quieren reconocer.

Estimados lectores, aprovechen para comprar rápidamente helicópteros a veinte euros ya que, o bien abolimos el libre comercio y la moneda única para impedir que todos esos productos lleguen tan baratos a nuestras tiendas, o bien vamos a acabar con sueldos equiparables a los de nuestros vecinos asiáticos, pero tras pasar por un largo calvario de paro y reducción de subsidios.

Gabriel Asuar Coupé
10 de mayo de 2013
desgobierno.es